El sindicato GESTHA fue fundado en 1998, y es el más representativo -por mayoritario- del Cuerpo Técnico de Hacienda de la AEAT y de los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda. Geográficamente abarca todas las comunidades autónomas que integran el Estado Español.
Entrevistamos a Carlos Cruzado Catalán, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), a propósito de distintas cuestiones de actualidad tributaria, política y social. Desde cuestiones generales hasta el desafío soberanista, pasando por el fraude fiscal de grandes empresas, pymes y futbolistas de élite (Cristiano Ronaldo y Leonel Messi), las pensiones y nuestro sistema tributario.
Alejandro Serrano: Gran parte de los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda están afiliados al sindicato GESTHA, y la actividad pública de esta organización da visibilidad a propuestas válidas para combatir el fraude fiscal y mejorar la gestión y transparencia de los recursos públicos. Cifran el fraude en un 24,6% del PIB –253.000 millones de euros-, una cifra muy superior a la de los recortes y el rescate bancario. ¿Qué proponen los técnicos de GESTHA y a qué se ha negado el Ministerio de Hacienda hasta ahora?
Carlos Cruzado: Desde Gestha llevamos haciendo propuestas para reducir esa cifra de economía sumergida sin tener que recurrir a recortes del gasto público muchos años y posibilidades hay muchas. Pero si tengo que destacar la que más se ha desoído es la que se refiere a la necesidad urgente de optimizar los medios personales de que dispone el Ministerio de Hacienda y la AEAT, mediante la atribución de mayores responsabilidades a los Técnicos, para poder desplazar la lupa hacia las mayores bolsas de fraude, incrementando el control de grandes empresas y fortunas.
Además, es imprescindible aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria (AEAT). En España, apenas hay un trabajador de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo. Por ello, es lógico que nuestro país soporte más del doble de economía sumergida que estos países, ya que cuenta con la mitad de efectivos.
Aunque este año el Gobierno ha lanzado una Oferta de Empleo Pública (OEP) de envergadura, desde Gestha ya hemos denunciado que esa oferta bianual no compensará la pérdida de casi 3.000 efectivos que se ha producido entre 2010 y 2016. Únicamente 2.150 nuevos efectivos se incorporarán de facto entre 2018 y 2019 a la Agencia Tributaria, pero precisamente entre 2017 y 2019 unos 2.000 empleados públicos causarán baja por jubilación, excedencia u otras causas, de modo que ese aumento de plantilla apenas será perceptible en la práctica. Frente a esta decepcionante OEP, desde hace unos años Gestha ha propuesto a los grupos parlamentarios que alcancen un pacto para duplicar el número de efectivos de la AEAT y situarlo a largo plazo en la media de la UE. Para ello, el Gobierno debería iniciar un aumento de plantilla en estos cuatro años de unos 5.000 efectivos más que los existentes.
Alejandro Serrano: ¿Son los Inspectores del Ministerio de Hacienda -aproximadamente unos 1.500- más complacientes que los técnicos con el Ministerio y menos combativos contra el fraude fiscal? ¿Por qué esta diferencia si existe? ¿Están ustedes sometidos a presiones?
Carlos Cruzado: La realidad es que, de los 1.800 funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Hacienda, aproximadamente la mitad ocupan puestos directivos y de libre designación, de manera que es materialmente imposible que los restantes asuman la totalidad de las funciones técnicas superiores en la AEAT. Lo cierto es que, junto a ese escaso número de funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Hacienda, son los más de seis mil Técnicos de Hacienda destinados en la AEAT los que desarrollan las referidas funciones.
Los puestos de libre designación son, igualmente, de libre cese, de modo que la suma de ambas características no es la mayor garantía de que la independencia y la objetividad, que debe presidir el trabajo de cualquier empleado público, se aseguren al cien por cien.
Alejandro Serrano: Según el informe de mayo de GESTHA, casi 6 millones de trabajadores (un 34,4%) podrían encontrarse en riesgo de pobreza, al percibir un sueldo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y un 47% de los trabajadores no llega a los 1.000 euros mensuales, aumentando en más de 7 puntos desde 2007. La desigualdad salarial de los trabajadores ha aumentado un 3,8% desde 2007, de forma más intensa en los últimos tres años. ¿Por qué cree que el gobierno del Partido Popular sigue precarizando más el mercado laboral y presionando a la baja en el terreno de los derechos? ¿Las cifras macroeconómicas que proporciona Rajoy tienen algo que ver con la realidad a nivel ciudadano, nos estamos recuperando?
Carlos Cruzado: Las políticas de austeridad impuestas desde Bruselas han llevado a precarizar de esta forma el mercado laboral y, de alguna manera, los derechos conquistados en muchos años de democracia. Los esfuerzos para cumplir los objetivos presupuestarios se han acometido, fundamentalmente, sobre las partidas del gasto, lo que ha tenido su reflejo en la calidad de los servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos. Sin embargo, los niveles de recaudación en España no avanzan al compás del ritmo del crecimiento económico, y una de las causas es, sin duda, el acusado nivel de fraude. En nuestro país, con un nivel de economía sumergida, que equivale al 24,6% del PIB, debe reforzarse la lucha contra el fraude fiscal. Y es que España es el país de la UE que menos recursos económicos destina a este fin. De hecho, la propia OCDE señaló en un informe de 2015 que el Estado español dedica a la lucha contra el fraude un gasto de un 0,1% de su PIB, mientras que Hungría destina el 0,4%; Bélgica, un 0,3%; o la vecina Portugal, un 0,22%.
Por otra parte, hoy por hoy se está incumpliendo el artículo 31 de la Constitución, que hace referencia a un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. En España no paga más quien más tiene, sino que el esfuerzo mayor recae principalmente en las rentas medias y bajas. Si a eso le sumamos la elevada economía sumergida y la poca eficacia del Estado para recaudar de muchos ámbitos, nos encontramos un sistema social difícil de sostener y al que se mete la tijera continuamente para reducir el elevado déficit.
Un déficit que, además, se aumentó de forma irresponsable tras la bajada de impuestos que se realizó antes de los pasados comicios generales, algo que ya avisó Gestha y que a punto estuvo de costarle a España una sanción por parte de la UE.
La economía española creció un 3,3% en 2016, una tasa lo suficientemente elevada como para que la recuperación tenga un mayor reflejo en los ciudadanos de a pie, quienes continúan sufriendo algunos estragos de la crisis. Ha llegado la hora de subir los salarios y de mejorar ciertos servicios públicos que han sufrido un serio deterioro en los últimos años. Y la mejora del sistema tributario es otra de las vías de solución, para hacer efectivos los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad que establece el artículo 31.1.
Alejandro Serrano: Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Hacienda, se observa una disminución de un 57% de las denuncias de delitos fiscales en la última década por parte de la AEAT -especialmente de 2012 a 2015, mientras crece la economía sumergida y la falta de transparencia en la forma en la que se gasta el dinero público. ¿Esta contradicción tiene responsables políticos u organizativos? ¿Cómo resolver el problema?
Carlos Cruzado: Este año, durante la presentación de resultados de la lucha contra el fraude de 2016, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, omitió información relevante, como los delitos fiscales denunciados (las últimas cifras son de 2015), las actuaciones de los ingresos en ejecutiva y los ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria. Estos datos reflejan el núcleo fundamental de los resultados económicos de la lucha contra el fraude y el hecho de que no se hayan dado a conocer hace sospechar que los delitos fiscales descubiertos se pueden haber desplomado y que la AEAT no ha querido ponerse en evidencia publicándolos.
Si bien los datos anteriores ya son bastante sonrojantes, pues en 2015 solo se presentaron 341 denuncias, frente a los 793 expedientes trasladados a la fiscalía diez años antes y muy lejos del récord de 1.014 delitos fiscales denunciados en 2011. La causa principal que hace más complicado de lo que ya es descubrir fraudes superiores a 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se configura el delito fiscal, es la limitación de las competencias de los técnicos de Hacienda, que les impiden completar los delitos, simulaciones, conflictos o fraudes de ley que descubren. Es decir, los técnicos estamos atados de pies y manos frente al fraude complejo, lo que está íntimamente relacionado con el hecho de que el 80% de la plantilla de la AEAT se dedica a investigar a los asalariados, autónomos o pymes, o lo que llamamos “menudeo”, mientras que para el fraude más sofisticado apenas se emplean recursos.
Además, hay otros motivos que impiden que se descubran más casos de gran fraude, como la actual tendencia de la AEAT a realizar básicamente investigaciones parciales, la anticonstitucional amnistía fiscal de 2012 y la modificación del artículo 305 del Código Penal. Por ello, Gestha pide que se amplíen las competencias de los técnicos creando un Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda que permita reforzar las labores de lucha contra el fraude y la economía sumergida, dadas las insalvables barreras para hacerlo en el marco actual.
La responsabilidad es tanto política como organizativa. Y en este sentido, ha faltado y falta voluntad política para luchar decididamente contra el fraude, dotando a la administración tributaria de los medios materiales y humanos necesarios y moviendo la lupa hacia las grandes bolsas de fraude, para lo que es necesario, además, optimizar los medios actuales y dotar de mayores responsabilidades a los Técnicos a tal fin.
Alejandro Serrano: En plena crisis soberanista, la Generalitat de Catalunya, a través de Carles Puigdemont, asegura que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) está preparada para aplicar el resultado del referéndum del 1 de octubre, a través de la recaudación directa de impuestos. GESTHA sostiene que, hoy por hoy, carecen de experiencia y medios humanos y materiales. A pesar de esos problemas, ¿sería posible que en breve plazo la ATC lograse la autonomía fiscal? ¿Serviría de algo que desde Madrid presentasen un recurso de inconstitucionalidad? ¿Ha logrado algo la suspensión cautelar de 2016?
Carlos Cruzado: Efectivamente, la falta de información cruzada y las carencias de personal supondrían una traba muy importante para el control de los ingresos en un hipotético escenario de independencia en el que la Generalitat pretendiera cobrar todos los impuestos. Escenario que en este momento está descartado completamente, dado que la Ley de Transitoriedad aprobada el pasado mes por el Parlamento de Cataluña se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional, y que es en dicha norma en la que se contemplaba la previsión de que, a partir de su entrada en vigor, la Agencia Tributaria de Cataluña sería la competente para recaudar todos los impuestos.
No obstante lo anterior, y en ese hipotético escenario, desde Gestha reiteramos que, a día de hoy, la ATC necesitaría aumentar su plantilla en más de 4.000 miembros para asumir las competencias de los impuestos estatales. Y aunque los actuales efectivos de la agencia tributaria española en Cataluña podrían incorporarse a la catalana, lo cierto es que buena parte del personal no enraizado allí optaría por salir de ese territorio y se tardarían años en sustituirlos. Por otra parte, y más allá de la falta de recursos materiales que sufriría, la gestión del IRPF, IVA y Sociedades requiere de una experiencia y de una base de datos de las que, actualmente, carece la ATC. En definitiva, en opinión de Gestha, las pretensiones del Govern se antojan como un deseo, más que como una realidad en un plazo de tiempo breve.
Alejandro Serrano: ¿Qué perdería España con una Cataluña independiente en el plano fiscal? ¿Esta CA está intervenida ahora mismo de facto en lo económico?
Carlos Cruzado: Es difícil cuantificar el efecto fiscal que pudiera tener esa hipotética situación de independencia, ya que no se puede estimar en lo recaudado ahora por el total de impuestos en Cataluña, como de forma simplista y errónea algunas voces vienen haciendo. Habría que conocer la facturación de las empresas en Cataluña y en el resto de España, para saber cómo se repartiría el beneficio y, por tanto, la tributación del impuesto sobre sociedades. Y, del mismo modo, el IVA.
Asimismo, las personas residentes en Cataluña tendrían que tributar como no residentes en España por los rendimientos obtenidos fuera de su territorio, así como en Patrimonio, en su caso. Y a todo esto habría que añadir el efecto de aquéllas personas físicas o jurídicas que decidieran, en su caso, trasladar su domicilio y actividad fuera de Cataluña, con el consiguiente efecto en los ingresos fiscales de uno y otro territorio.
Alejandro Serrano: Los casos de fraudes fiscales de futbolistas de élite son muy llamativos, con Messi y Cristiano Ronaldo como principales exponentes. Sin embargo, el fraude de las grandes empresas en España es muy superior a la de estas figuras del famoseo y al pequeño fraude ciudadano. ¿Qué diferencias hay entre los casos de Messi y Cristiano Ronaldo? ¿Por qué el fraude de las grandes empresas es más difícil de acometer e incluso parece que muchas se libran por defectos de forma?
Carlos Cruzado: En los casos de Messi y Ronaldo la diferencia principal es la cantidad defraudada, que en el caso del argentino asciende, según la condena firme recaida, a 4,1 millones y tres delitos, mientras que en el del portugués la cantidad que la Agencia Tributaria entiende defraudada es de 14,7 millones, y está imputado por cuatro delitos fiscales . En el aspecto práctico hay que destacar que, aunque la operativa de ambos casos es bastante similar –al ocultar en sus declaraciones de la renta los ingresos obtenidos por los derechos de imagen, los cuales se cobraron a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales-, en el de Cristiano hay una gran diferencia, y es que la llamada Ley Beckham le facilitó la elusión de impuestos, ya que esta normativa le permitía tributar por el Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR) a un tipo fijo del 24% en 2010, 2011 y 2015 y del 24,75 entre 2012 y 2014. Y, además, le otorgaba privilegios fiscales extraordinarios, como no tributar por la renta mundial o no estar obligado a presentar la declaración de bienes en el extranjero.
Así, el jugador declaró en España por derechos de imagen solo 14,9 millones entre 2009 y 2014 -que incluyó en su totalidad en 2014-, el 20% de los 74,8 millones de ingresos publicitarios que obtuvo, entendiendo Hacienda que otros 32 millones que ingresó entre 2011 y 2013 se obtuvieron realmente dentro de España.
En el caso de las grandes empresas, que junto a los grandes patrimonios son las culpables del 72% del fraude fiscal que se produce en España, el hecho de que dispongan de amplios gabinetes de asesores fiscales que hacen labores de ingeniería fiscal permite que caminen demasiadas veces por una delgada línea que bordea la legalidad. De este modo, tienen muchos más recursos que una pyme para ahorrarse el pago de impuestos –el tipo medio efectivo de una pequeña y mediana empresa es cercano al 13% 15%, mientras que para las grandes multinacionales está en torno al 7%-, pero en algunos casos se saltan la ley. Aunque volvemos a la casilla de salida: la mermada plantilla de la AEAT y el recorte de responsabilidades de los Técnicos hace muy difícil que se pueda detectar todo este fraude complejo.
Alejandro Serrano: ¿El ciudadano común está perdiendo la fe en el sistema? ¿Cree que las campañas que llaman a la responsabilidad fiscal en televisión encuentran la misma acogida que antes tras todos los escándalos políticos que estamos viviendo y la amnistía fiscal de Montoro?
Carlos Cruzado: Con estos escándalos, la verdad es que se está enviando a la sociedad un mensaje muy pernicioso que no va en línea con el lema de la Agencia Tributaria de “Hacienda somos todos”, un lema que puso en cuestión la Abogacía del Estado durante el juicio del Caso Noos cuando señaló que es solo un “eslogan publicitario”.
Manifestaciones de este tipo o casos de fraude del mundo empresarial, de la política, del deporte o el espectáculo hacen un flaco favor a la labor pedagógica, tan necesaria en un país con tan baja conciencia fiscal y se entiende el enfado de los ciudadanos con las instituciones por ello. Además, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha llevado al límite este tipo de situaciones. En España nunca más debe permitirse que se lleve a cabo una medida así. Por ello, desde Gestha hemos pedido que se incluya en el orden constitucional la prohibición de aprobar amnistías fiscales, sea de la forma que sea. En cualquier caso, la figura del Ministro de Hacienda quedó muy tocada con esta sentencia, que demuestra que no es la persona adecuada para guiar la política fiscal de nuestro país.
Alejandro Serrano: España está a mitad de la tabla en Europa en cuanto a presión fiscal al trabajo. Sin embargo, los salarios son aquí mucho menores, los precios de los bienes de consumo y los gastos fijos -como la hipoteca o el alquiler- son elevados. ¿Cree que, en conjunto, la presión económica sobre familias y contribuyentes es mayor de lo que dicen las cifras fiscales o estamos ante un mito?
Carlos Cruzado: En cuanto a la presión fiscal al trabajo, los Técnicos ya desmentimos que el mercado laboral español sea un ‘infierno fiscal”, como recogieron algunas informaciones hace unos meses tras una lectura precipitada del informe anual de las ‘cuñas fiscales’ -indicador del peso del IRPF y de las cuotas de la Seguridad Social del trabajador y de la empresa sobre el salario de un trabajador con distintas situaciones familiares- publicado por la OCDE. De hecho, las estadísticas oficiales reflejan que la imposición al trabajo en España ingresa cerca de 30.000 millones menos que la media de la UE básicamente por la menor recaudación de las cuotas de la Seguridad Social a cargo de los trabajadores, lo que sitúa a nuestro país en la vigésima posición del ranking europeo. Es más, si consideramos el IRPF pagado realmente por todos los trabajadores y las cuotas obligatorias totales de la Seguridad Social para las empresas y trabajadores, la presión fiscal real del conjunto de los trabajadores españoles es del 16,7%, muy inferior a la indicada para cualquiera de los ocho casos elegidos en el informe de la OCDE.
Además, España presenta una menor presión fiscal en todos los tributos respecto a los países de nuestro entorno, situándonos en la 19ª posición del ranking europeo, en buena medida por la floreciente economía sumergida, lo que implica que los que cumplen con sus obligaciones fiscales tienen que hacer frente a ese fraude con un mayor pago de impuestos. De ahí, que la ciudadanía sienta que hace un esfuerzo fiscal muy grande.
De este modo vemos como en España la presión fiscal es menor que en gran parte de nuestro entorno, pero la poca eficiencia de nuestro sistema tributario hace que sea el grueso de la población sometida a una nómina la que lo sostenga, mermando su capacidad económica y, también a las arcas públicas, porque no se está sacando partido a la política fiscal con un sistema distributivo y progresivo que haga pagar más al que más tiene.
Alejandro Serrano: Estamos ante una sociedad que parece estar al punto del colapso económico y demográfico. ¿Cuáles son los problemas sistémicos -aparte del fraude fiscal- de la sociedad española y cómo deberíamos abordar una reforma que diera la vuelta a los problemas más acuciantes?
Carlos Cruzado: El envejecimiento de la población española, unido al elevado nivel de desempleo y empleo precario, hará que, de no modificarse esta situación, en el futuro el ratio pensionista/trabajador esté cerca de una, lo que supone una auténtica amenaza para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, si no se aportan otros recursos externos. Asimismo, el elevado endeudamiento y la necesaria reducción del déficit público obligará a continuar realizando ajustes.
Pero el ajuste se podría acometer sin reducir el gasto público más de lo que ya se ha hecho. Para ello, habría que implementar una reforma fiscal integral que propiciase un sistema más progresivo y equitativo y lograra que cada contribuyente pagara lo que le corresponde según su capacidad económica, algo que hasta ahora no ha primado. De esa forma, el sistema sería no sólo más justo sino mucho más eficiente y se sacaría más rendimiento a los impuestos.
Habría que reducir la dualidad el IRPF, ya que actualmente favorece la tributación de las rentas del capital frente a las del trabajo y actividades económicas. De igual modo, habría que aumentar la escala de tramos de este impuesto y eliminar las reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social, sustituyéndolas por una deducción de cuota, tal como se expresó el FMI o el informe de la Comisión de expertos para la reforma fiscal.
Además, habría que profundizar en las medidas para igualar la tributación efectiva de las pymes con las grandes empresas, que cuentan con una asesoría fiscal muy especializada para aprovechar al máximo todas las posibilidades para reducir su factura fiscal, en ocasiones incluso bordeando o sobrepasando la legalidad, y sin considerar las 15 prácticas fiscales agresivas de las multinacionales que la OCDE pretende limitar. Esta brecha reduce considerablemente los ingresos por el Impuesto de Sociedades. De hecho, según nuestros cálculos, se ha producido una pérdida recaudatoria de 77.000 millones en los últimos ocho años en este tributo.
