El conocido como “proyecto de Real Decreto por el que se regula el desarrollo de entornos más seguros de juego” fue presentado en 2021 por el Ministerio español de Consumo, si bien hasta el 9 de agosto del año en curso distintos organismos pueden hacer aportaciones sobre el mismo.
Una de las aportaciones ha sido hecha recientemente por la CNMC (por sus siglas), agencia independiente – aunque adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital – que se encarga de preservar y garantizar el correcto funcionamiento de los mercados y promover la competencia a nivel nacional.
Cabe indicar que en el PDR (proyecto de Real Decreto), lanzado en el mes de julio, ocupan un lugar destacado la prevención de conductas adictivas, la protección de los derechos de grupos de riesgo y, en general, de todas las personas consumidoras de productos de juego.
El juego, una industria muy regulada
La CNMC ha apuntado que el juego es un sector sujeto a una intensa regulación en España por su especial naturaleza. Se trata de una actividad que tiene implicaciones de interés general relacionadas con la salud pública – protección de menores y problemas de adicción al juego – y también con algunas conductas sancionables fiscal o penalmente, como canales ilegales, crimen organizado o blanqueo de capitales.
No es la primera vez que la Comisión valora la normativa sobre el juego, pues ya lo hiciera en sendos informes de 2014 y 2020, en los que abogaba por considerarla como una actividad económica que debe ser ejercida libremente por las casas de apuestas con licencia en España, aunque hacía hincapié en la necesidad de analizar algunas potenciales limitaciones en base a los principios de buena regulación.
En su nuevo informe continúa en esa línea al considerar que el PRD de 2021 “no presenta restricciones injustificadas a la competencia en la medida en que se fundamenta sobre una razón de interés general – salud pública, en forma de prevención de la adicción al juego” y por estimar que “los condicionantes al ejercicio de la actividad presentan una correcta adecuación a los principios de buena regulación”.
Margen de actuación en ciertas áreas
La CNMC ha hecho no obstante algunas sugerencias de mejora, en concreto sobre la obligación para los operadores de suspender la actividad del juego a personas que en ciertas circunstancias presenten comportamientos de juego problemáticos.
En caso de sospecha, recomienda iniciar un procedimiento de consulta – del operador hacia la autoridad en regulación – para que la decisión tenga mayor respaldo jurídico-técnico. También ha reiterado “la conveniencia de replantear el otorgamiento de funciones propias como autoridad reguladora del juego al Consejo de Protectorado de la ONCE”.
La Comisión ha apuntado que los acuerdos entre operadores contemplados en ciertos ámbitos de la normativa “están sujetos en última instancia a la normativa de defensa de la competencia y deben propiciar el intercambio de información comercialmente sensible entre aquellos”
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