Estos días se estrena en algunas salas españolas el documental “La ola verde. Que sea ley” (2019), del director Juan Diego Solanas, coproducción argentino-francesa-uruguaya que narra las luchas que vienen manteniendo las mujeres argentinas desde hace 39 años en busca de una legislación que permita el aborto libre en su país (junto a una adecuada educación sexual y reproductiva), y los debates de la cámara de representantes que tuvieron lugar en 2018 sobre un nuevo proyecto de ley que satisfaría al menos en parte estas reivindicaciones históricas.
Oficialmente, el aborto está penado en Argentina país desde la reforma de su Código Penal en 1921, aunque se permite en casos especiales, cuando está en peligro la salud de la mujer o en una situación de violación «a una mujer demente o idiota«. En 2012, la Corte Suprema argentina dictaminó que el aborto debe ser permitido para toda mujer violada, sin importar su capacidad intelectual, sin intervención judicial y sin denuncia previa de la violación. También instó de forma obligatoria al Gobierno a disponer de protocolos hospitalarios para garantizar la práctica de esos abortos no punibles.
Sin embargo, la realidad es que la opción por la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y las prácticas ilegales de negación de socorro impiden en la práctica la aplicación de esta directiva, y obligan a las mujeres con pocos recursos o sin apoyo familiar a abortar clandestinamente, con grave peligro para su vida.
Este viernes se proyectó el documental de Juan Diego Solanas en el Cinebaix de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) -un proyecto autogestionado que incluye habitualmente producciones no comerciales-, organizado por Associació CineBaix y Sant Feliu Feminista, con la presencia de Gabriela K. Ripari, actriz argentina y activista feminista de Mika Sororitat Internacionalista, y Marina Seco, activista feminista de Marea Verde de Barcelona; ambas son de origen argentino pero viven en España desde hace algún tiempo. Ambas nos contaron la situación de las mujeres argentinas, y las luchas en la calle y en despachos que mantienen desde hace casi cuatro décadas.
Según afirmaron Ripari y Seco, hay varias producciones argentinas que narran el drama del aborto en este país suramericano, pero sólo la de Solanas ha conseguido cierta difusión internacional gracias a su fuerte financiación y al hecho de ser un documental rodado por un hombre. El film de Solanas no es en absoluto complaciente, resulta duro de ver y resalta numerosos casos particulares -desgarradores testimonios de primera mano incluidos- recientes, así como las experiencias de las activistas de distintas edades y referentes culturales, y permite ver a lo largo del tiempo las luchas políticas y callejeras, la organización clandestina que ayuda a mujeres que se ven obligadas a abortar, y los peligros que afrontan. El documental incluye también testimonios de políticos, sacerdotes, médicos, enfermeras y otros perfiles profesionales y personales que permite hacerse una idea no sólo del espectro ideológico argentino con respecto al aborto, sino sobre un drama que lleva décadas perpetuándose y del que ya estas mujeres exigen el final.
Sin embargo, existen otras producciones, aún más duras, aún más claras y con testimonios más esclarecedores, que han visto su difusión bloqueada o minimizada en Argentina, donde no interesa que se digan según qué cosas. Para algunos, el silencio significa protección, y el mantenimiento de una estructura social y económica que provoca sufrimiento a raudales, pero también beneficios en ciertos sectores.
Según Seco y Ripari, en Argentina se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos al año de forma clandestina, 3.000 niñas y adolescentes (de 10 a 13 años) tienen un hijo por año; 1233 abortan por día (51 abortos por hora), con más de un aborto estadístico cada dos nacimientos. De las muertas por abortos clandestinos, un 11% eran menores de 20 años, un 14% tenían entre 20 y 24 años de edad, un 27,27% de ellas tienen entre 25 y 29 años, un 47,27% tenían más de 30 años.
Cuando una mujer decide abortar, ya sea por cuestiones económicas o personales (violaciones, abusos, una situación poco clara con la pareja), lo hace como sea, porque se ve obligada a ello. En el documental se ven testimonios de sobrevivientes a abortos clandestinos que tenían derecho legal a ser intervenidas con todas las condiciones de salubridad y seguridad que un hospital argentino puede proporcionar, pero se les negó. Esta es la razón fundamental por la que las activistas feministas exigen una ley de plazos garantista (y no causal) para con la mujer, de forma que un profesional sanitario no pueda incumplir la ley impunemente y ponga en peligro su vida. La violencia obstétrica es especialmente sangrante en esta coyuntura.
Un caso paradigmático es el de Ana María Acevedo, una mujer de 20 años y pobre de Santa Fe con cáncer de mandíbula que ingresó en el hospital embarazada de 15 días y cuya vida corría peligro precisamente por su enfermedad. La ley marcaba que este era un caso de aborto legal, pero un “consejo ético” -¡presidido por un cura!- se lo negó y no fue practicado. Es más, concluyeron que la quimioterapia con la que debía mantener a raya al cáncer ponía en peligro al feto, así que se la retiraron. Querían “salvar las dos vidas”. Obligaron a Ana María a continuar su embarazo hasta los cinco meses de gestación, cuando le practicaron una cesárea para sacar a su hija. La niña duró unas horas con vida, su madre, 15 días más. A Ana María empezaron a administrarle la quimioterapia 8 días después de la cesárea y aquello terminó por rematarla. Atada de pies y manos como un animal y con tremendos dolores, al final murió. “La asesinaron a mi hija”, relata su madre, desgarrada entre el dolor y la impotencia. Los padres de Ana María no fueron consultados en las reuniones éticas en las que su hija se jugaba su supervivencia. La ley en teoría asistía a Ana María. Pero los curas tuvieron mayor poder que unas autoridades negligentes. El Estado argentino será condenado en los tribunales por este caso y deberá pagar una indemnización, pero el daño a esta mujer y a sus familiares no podrá ser reparado jamás.
El documental relata otros casos, algunos con igual resultado y otros de supervivientes, que nos cuentan las condiciones de los abortos ilegales y las consecuencias tanto físicas como psicológicas que arrastran estas mujeres. Estos dramas se repiten no sólo en toda Latinoamérica, sino en muchas otras partes del mundo. Las activistas de La ola verde -con su característico pañuelo solidario del mismo color- han conseguido extender sus luchas por varios países de Suramérica, llenando de coraje a otras mujeres en parecida situación. El documental ilustra la tristeza, el dolor y la rabia que provocan un Estado negligente y unas instituciones ancladas en otra época y dominadas por rígidos códigos morales y religiosos, que están por encima de las vidas humanas… al menos de las que no tienen dinero para pagar un aborto en buenas condiciones sanitarias. Pero también este film logra transmitir la alegría de la lucha, las redes de apoyo tejidas en cada pueblo que consiguen salvar vidas e instruir a las mujeres en educación sexual y reproductiva, un valor que se hereda a través de generaciones y que jamás abandonará la lucha.
Como señalan Gabriela K. Ripari y Marina Seco, estas luchas buscan recuperar la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos, ya que “la salud sexual y reproductiva de las mujeres siempre fue un territorio de disputa también política”. Están convencidas que una ley que otorgue una educación sexual y reproductiva integral y ajena a los códigos morales católicos o evangélicos, ayudará a reducir la tasa de embarazos no deseados y por extensión la de abortos. Y sobre todo, la de muertes de embarazadas.
El 14 de junio de 2018 la Cámara de Diputados argentina aprobó la media sanción de la ley del aborto con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. El proyecto fue rechazado por el Senado tras una votación donde 38 senadores votaron en contra y 31 a favor; además hubo 2 abstenciones y un ausente. Pero esta lucha, muy principalmente protagonizada por mujeres, no terminará hasta la aprobación de una ley que garantice la soberanía de sus cuerpos, una educación sexual adecuada en los colegios y la obligación de que el Estado argentino vele por su salud. El proyecto de ley será nuevamente llevado a la Cámara este año con el cambio de gobierno en Argentina, y los movimientos sociales han asegurado que no pararán hasta que se apruebe. Si no es esta vez, será la siguiente. La ola verde -un movimiento transversal a la política- no parará de mostrar su fuerza en las calles…
Ripari y Seco nos llaman la atención también sobre la situación de las mujeres migrantes en España, tras la revocación de la sanidad universal del PP con Mariano Rajoy y su supuesta recuperación una vez que el PSOE volvió al gobierno. El año pasado el Tribunal Supremo dictaminó que la concesión de la tarjeta sanitaria no supone la existencia automática del derecho a la sanidad universal. El Supremo indica que, como se desprende del artículo 7.1.b y 2 del Real Decreto 240/2007, la persona migrante ha de disponer de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante el periodo de residencia y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado en España, incluyendo el aborto. Esto obliga a las mujeres migrantes no cubiertas a recurrir a abortos clandestinos en nuestro propio territorio. Las asociaciones sociales han instado a Pedro Sánchez a incluir una legislación explícita sobre la atención a las personas migrantes, y que estas no dependan de la buena voluntad del funcionario de turno para ser asistidas ante cualquier problema de salud o, simplemente, para que la Seguridad Social asista su embarazo hasta el final.
En la ronda de preguntas posterior a la proyección de la película, se habló de la necesidad de las luchas para adquirir y conservar derechos, al tiempo que se recordó a las mujeres que tuvieron que ponerse en pie de guerra en España para que finalmente se aprobara una ley garantista que terminara con el estigma y la inseguridad médica y económica que antes existía en nuestro propio país. Como ejemplo de que las luchas hay que mantenerlas, también se hizo alusión al intento en 2011 del entonces ministro de Justicia español Alberto Ruiz-Gallardón, que intentó cercenar el derecho a las mujeres a abortar y pasar de nuevo a una ley de supuestos, en lugar de plazos, pensando en su electorado, fundamentalmente católico. La presión de la calle, unida a la intención del entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de hacer caer a su máximo competidor por el control de su partido, hicieron caer este intento de involución. Este es un ejemplo cercano de que las luchas han de mantenerse constantemente sino queremos ver amenazados nuestros derechos. Y las consecuencias de la indolencia de la mayoría de españoles en este sentido durante los últimos años podemos verlas claramente hoy.
El documental nos permite ver de primera mano las consecuencias del dominio en una sociedad de una religión y de los restos históricos de una dictadura y sus defensores, lecciones que pueden venirnos muy bien a los espectadores españoles. El 8M es un buen momento -aun si no se ha hecho a lo largo del año- para ponerse al lado de estas mujeres luchadoras que son capaces de mantener redes de asistencia y protesta a lo largo de generaciones, con el fin de que la sociedad despierte y logremos un avance básico entre todos.
El valor de las mujeres que aparecen en el documental inspira y enciende los ánimos, y los casos relatados encogen la garganta y el corazón, y hacen aflorar lágrimas de pena y rabia a los ojos. Remueve conciencias, aunque a mí me gustaría ver esas otras visiones femeninas del asunto que mencionan Ripari y Seco, esas producciones sobre esta lucha que tendrán mucha menos difusión que este documental.
